En el caso Blindaje, en el que se encuentra procesado el alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, se suman planteamientos de recursos de apelación a la prisión preventiva. Siete de los ocho investigados han hecho la presentación formal de estos recursos.
Cuatro de ellos lo hicieron a través de su abogado Gustavo García: Villacís, Luis Reyna, Carol Lemos y Jonathan Monte.
El mismo recurso ya fue presentado por Diego Montaño, Kléber Salcedo y Jorge Pinos.
El pasadojueves, 4 de junio, la jueza Silvana Velasco, de la Sala Especializada Penal para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, en la audiencia de formulación de cargos aceptó el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva en contra de Villacís.
La misma medida fue dictada para Luis Reyna, Juan Alberto Lastre, Carol Lemos, Diego Montaño, Jonathan Monte, Kléber Salcedo y Jorge Pinos, exjueces los dos últimos.
Origen de la investigación del caso Blindado
En la audiencia hubo referencia a los hechos, pues la investigación se originó a partir de un reporte de operaciones inusuales e injustificadas emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), según la Fiscalía.
Las pesquisas apuntan a una presunta estructura integrada por funcionarios públicos, exfuncionarios y particulares.
En la indagación se detalló una serie de actuaciones relacionadas con acciones de protección que involucraron a Petroecuador y resoluciones judiciales que posteriormente fueron dejadas sin efecto por la Corte Constitucional.
Detalles financieros y presunto lavado de activos
Entre los antecedentes mencionados por la Fiscalía constan pagos por más de $ 2,7 millones a una empresa y otro proceso relacionado con una reparación económica superior a $ 30 millones.
Además, la Fiscalía profundizó en la acción de protección relacionada con extrabajadores de Petroecuador que derivó en un desembolso de $ 15 millones por parte de la empresa pública.
Según expuso, parte de esos recursos fueron distribuidos entre abogados y posteriormente transferidos a terceros que hoy forman parte de la investigación.
La Fiscalía además señaló que el presunto lavado de activos tendría como delitos precedentes el cohecho, el prevaricato y el perjurio. En el caso del cohecho, la hipótesis de la investigación apunta a supuestos beneficios económicos que habrían llegado a funcionarios y servidores públicos.
Con los elementos presentados por la Fiscalía, la jueza explicó que vislumbra la probabilidad de que los procesados hayan incurrido en el delito de lavado de activos.
Fuente: Diario El Universo
